La inmediata condena de los países latinoamericanos al reciente ataque israelí contra una flotilla pro-palestina es comprensible, pero el voto de la región a favor de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realice una investigación de los hechos es vergonzoso: el Consejo está controlado por las dictaduras más sanguinarias y los regímenes más visceralmente anti-israelíes del mundo.
En primer lugar, no hay dudas de que el ataque de Israel contra la flotilla de seis barcos que intentaba romper el bloqueo de Israel sobre el territorio de Gaza fue una soberana estupidez.
El gobierno israelí sabía perfectamente que, lejos de ser un convoy de bienintencionados pacifistas que transportaban ayuda humanitaria, la así llamada ``Flotilla de la Libertad'' estaba patrocinada por la IHH Islamic Charity, un grupo que el propio gobierno israelí ha clasificado como terrorista.
Los videos propalados por Al Jazeera mostrando a los integrantes de la flotilla coreando ``¡Recuerden Khaibar!, Judíos'' -- una referencia a la masacre de judíos llevada a cabo por musulmanes en el siglo siglo VII -- hablan por sí mismos.
Estaba clarísimo que los activistas de la flotilla querían provocar un incidente internacional que concitara la atención del mundo sobre la situación de Gaza.
Y aunque Israel repetidamente advirtió a la flotilla que se detuviera, y ofreció llevar su cargamento por tierra a Gaza después de asegurarse de que no incluía armamentos para Hamas --una organización terrorista que, según las cifras israelíes, ha lanzado más de 10,000 cohetes y otros proyectiles sobre la población civil de Israel en los últimos cinco años- el resultado final fue exactamente el que querían los organizadores de la flotilla. Hubo violencia --nueve muertos-- y un estallido de indignación internacional contra Israel.
Muchos titulares de los periódicos en Israel --de lejos el país con mayor libertad de prensa del Medio Oriente-- criticaron el accionar de las fuerzas israelíes. ``Estupidez, estupidez, estupidez'', decía el titular de una columna del Jerusalem Post.
El gobierno israelí respondió que Israel tenía derecho a inspeccionar las embarcaciones para evitar que llevaran armas, como otras en el pasado, y que sus soldados actuaron en defensa propia después de ser atacados a bordo del buque Marvi Marmara.
Los líderes palestinos respondieron que cuando tropas israelíes interceptan barcos que llevan civiles desarmados y todos los muertos son de un lado, resulta claro quiénes usaron fuerza desmedida. Ahora, ambas partes se acusan mutuamente de haber iniciado la violencia en alta mar.
Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de 47 miembros, ha adoptado una resolución por una mayoría de 32 países --incluyendo a China y Arabia Saudita-- que ordena una pesquisa del ataque israelí.
Todos los miembros latinoamericanos del Consejo _Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, México, Nicaragua y Uruguay-- votaron apoyando esa resolución. Sólo tres países votaron en contra --Estados Unidos, Italia y Holanda--, nueve países se abstuvieron, casi todos ellos europeos, y tres estuvieron ausentes.
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Andres Oppenheimer
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